La banda utiliza la «kale borroka» para presionar en la negociación y movilizar a su entramado
J. M. Zuloaga
madrid- Elementos proetarras han cometido, desde el pasado 30 de diciembre, un total de 89 ataques de terrorismo callejero, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Las mismas subrayan que esta estrategia criminal responde a las órdenes de la propia ETA que, tras el atentado contra el aeropuerto de Barajas, ha incrementado o disminuido, en función de sus intereses, la intensidad de esta actividad delictiva.
De los 89 ataques, 30 corresponden a los grupos llamados «Y» y las restantes 59 a los grupos «X». La diferencia entre unos y otros estriba en que los primeros son «comandos» organizados que colocan artefactos de mayor o menor potencia pero que exigen unos ciertos conocimientos para su elaboración. Los segundos responden a actuaciones «espontáneas», después de manifestaciones o concentraciones convocadas por el entramado etarra o que no requieren mayor preparación. Los grupos «Y» son los que colocan las bombas que han destruido total o parcialmente varias estaciones de ferrocarril, sucursales bancarias, vehículos de correos, etcétera. Los «X», los que cruzan y queman contenedores, lanzan pintura o escriben amenazas en las paredes.
Como consecuencia de estas acciones criminales se detuvo a un total de 25 personas que fueron puestas en libertad sin llegar a comparecer ante la Audiencia Nacional, según las citadas fuentes.
ETA se ha cuidado mucho de asumir la dirección del terrorismo callejero, que ejerce de forma clandestina, con el fin de que los detenidos no puedan ser imputados por pertenencia a banda armada. En unas declaraciones que dos miembros de la banda realizaron al diario «Gara» el pasado 14 de mayo negaban la responsabilidad de los ataques que se habían producido después de la declaración de alto el fuego, entre ellos el incendio de la ferretería de un concejal de UPN en Bañarain (Navarra). No obstante, los justificaban como una «manifestación del enfado y la respuesta popular». Además, avalaban la posibilidad de nuevos actos de violencia, que de hecho se produjeron, al señalar que «mientras persistan los ataques» de los Cuerpos de Seguridad, las detenciones y seguimientos policiales «los ciudadanos vascos deben responder, movilizarse y utilizar los modos que tienen a mano». Sin embargo, en el «Zutabe» 111, publicación interna de la banda, asumían el citado ataque de Bañarain, tal y como publicó LA RAZÓN.
Mantener la presión
Las citadas fuentes han recordado que el terrorismo callejero, bajo la dirección de ETA, es una más de las actividades criminales que desarrolla para la consecución de sus objetivos, como lo son -según las épocas y las conveniencias de la banda- los atentados, los asesinatos, los secuestros o los robos de armas y explosivos. En épocas de alto el fuego, el terrorismo callejero resulta muy importante (para ETA) con el fin de mantener la presión en función de la marcha de las negociaciones y mantener «movilizado» a su entramado.
Restar importancia a esta actividad criminal, y llegar asumirla como una contribución necesaria, no deseada, para el «proceso de paz», resulta a la larga un suicidio. Negociar con los terroristas, como se ha hecho estos meses, sin haberles exigido la desaparición total de las actuaciones violentas lo único que consigue es el envalentonamiento de los etarras que, cuando consideraron que la «kale borroka» no suponía suficiente presión para el Gobierno, cometieron el atentado de la T-4. Los ataques de terrorismo callejero de los últimos meses han provocado la condena de los partidos, pero en ningún momento la ruptura del «proceso», que sólo fue suspendido tras el coche bomba del pasado 30 de diciembre. La tolerancia de la que ha disfrutado Batasuna y otras organizaciones del entramado no se ha visto alterada por la existencia de esta actividad criminal. En definitiva, según las fuentes consultadas, se ha «asumido» como algo que no debía ocurrir pero que no podía frenar los planes negociadores del Gobierno.
La ultra izquierda, gentes de paz
